Altea: LOS JUECES ANULAN LA ADJUDICACIÓN A DEDO DEL AGUA APROBADA POR MIGUEL ORTIZ.
Hidalgo: “Se trata de una autentica estafa a todos los ciudadanos y comerciantes de Altea.”
Ha tenido que ser el PSOE de Altea el que haga pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declara nula la adjudicación del servicio del agua potable y el alcantarillado a la UTE TYOSA-AGUAS DE VALENCIA y que reconoce el derecho de AQUALIA a ser la empresa que gestione estos servicios.
Fue en el Pleno del 28 de agosto de 2008 cuando el Partido Popular, con el actual presidente provincial Miguel Ortiz a la cabeza, decidió presentar una iniciativa para adjudicar el servicio del agua potable a la UTE AIGÜES D’ALTEA, con una subida del precio del 43,48%, frente a la que proponían los técnicos, la mesa de contratación y el Gobierno Socialista que sólo lo incrementaba el 2,95%. Era la traca final de un proceso que el PP trató de dinamitar en repetidas ocasiones, llegando incluso a plantear un contencioso administrativo para anular las bases del concurso y que también perdieron. Los tribunales también dieron la razón al Gobierno Socialista en esa ocasión, ya que se habían seguido absolutamente todos los tramites que marca la ley, con total transparencia y en beneficio del pueblo de Altea.
En este sentido, desde el PSOE alteano afirman que “ la sentencia del TSJ es muy clara. Lo único que dice es que a pesar de las advertencias que hacían los informes de la Secretaría General del Ayuntamiento, el PP y Miguel Ortiz, adjudicaron a dedo y sin motivos razonables el contrato a una empresa que no era la más beneficiosa para Altea y por ello se declara nulo”. Por ese motivo no han dudado en calificar esta adjudicación como “un auténtico pelotazo que beneficia a unos pocos, haciendo que durante varios años todos los alteanos hayamos tenido que estar pagando el agua casi un 50% más cara. Se trata de una autentica estafa a todos los ciudadanos y comerciantes de Altea. Porque no solamente afecta a los ciudadanos, todos los comercios e industrias que hacen un uso intensivo del agua, como pueden ser los hosteleros, han visto engordadas sus facturas de una forma artificial por culpa de no se sabe qué intereses del PP y de Miguel Ortiz”.
Parece increíble que el Gobierno del PP-CIPAL tuviese oculta en un cajón esta sentencia con las “graves repercusiones económicas que pueden tener para los alteanos. Por un lado abre la vía para que tanto la empresa del agua saliente como la entrante pidan indemnizaciones al Ayuntamiento, que pagaríamos todos con nuestros impuestos. Por otro nos hacemos la gran pregunta ¿que pasa con los ciudadanos y las empresas que han pagado casi un 50% más de lo que tocaba en sus recibos del agua?”
Ante esta denuncia, el PP ha tratado de tender una cortina de humo poniendo en duda el cobro de los 4 millones de euros que fijaba el canon de la concesión, sin tener en cuenta que la sentencia no lo menciona ni una sola vez y que ese dinero formaba parte del Presupuesto Municipal debidamente aprobado, que fue ingresado en las cuentas municipales y utilizado para pagar a los proveedores, como finalmente tuvo que reconocer el actual Concejal de Hacienda, Pedro Barber, en el último Pleno celebrado en enero frente a las preguntas del Grupo Socialista.
Ante la gravedad de los hechos y la falta de respuestas los socialistas alteanos siguen preguntando ¿por qué el PP y Miguel Ortiz favorecieron a la empresa más cara a pesar de no ser la más beneficiosa para Altea? ¿cuánto nos va a costar a los alteanos el pelotazo del agua del PP? ¿cómo se va a devolver a los ciudadanos y empresas el dinero cobrado de más?. Mientras estas preguntas no tengan respuestas, desde el Grupo Municipal Socialista solicitamos la dimisión inmediata de Miguel Ortiz y del resto de los responsables políticos de esta autentica estafa del agua.
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Etiquetas: agua, altea, corrupción
abel
10 febrero, 2012 at 17:34
no seamos infantiles, esta claro que esto es CORRUPCION. esto es PREVARICACION y solo hay que buscar a quien beneficia. a ver donde se han ido los dineros.
cuando algo se declara NULO los efectos son muy distintos de cuando se ANULA. Anular algo quiere decir que ese algo ha existido hasta la fecha en que se produce su anulacion y sus efectos son validos hasta esa fecha. en cambio cuando algo se declara nulo quiere decir que nunca existio ni tuvo valor alguno, por lo que nunca produjo efectos. so como informas la adjudicación se ha declarado NULA, la empresa adjudicactaria tiene que devolver todo cuanto obtuvo y, exclusivamente tiene derecho a RECLAMAR una indemnización que nunca debe cubrir el lucro y solo debe cubrir los gastos en otras palabras, la indemnizacion no cubre los beneficios empresariales y, en todo caso debe ser solicitada y valorada por el propio Ayuntamiento, cuando la devolucion del dinero obtenido por la empresa puede solicitarlo el ayuntamiento como ejecucion de la sentencia, o por medio de una resolución del pleno que se da por enterado de la sentencia.
con independencia de esto, no se que hace el PSOE que no acude al fiscal anticorrupcion, porque este asunto tiene todo el tufo de un caso de corrupcion y es el fiscal el mas indicado para investigar las turbias conexiones de este asunto. si dejan pasar el tiempo estas cosas prescriben y luego pasa como con URDANGARIN.