Un referéndum necesario.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 25 de agosto de 2011

Este artículo señala la necesidad de que la medida de limitar el gasto público que el presidente Zapatero propone que se inscriba en la Constitución Española, medida que ha sido apoyada por el Partido Popular, se debata a nivel de todo el país, con la participación de toda la población a través de un referéndum vinculante. La importancia de esta medida –que dificultaría la corrección del enorme déficit de gasto público social (que constituye la mayoría del gasto público) que existe en España- exige que se convoque tal referéndum, lo cual es posible si el 10% del Senado o el 10% del Congreso lo solicitan. La aprobación de tal medida sin la participación de la mayoría de la ciudadanía significaría no solo mantener el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 sino reproducir la insuficiencia que existe en la democracia española.

Resultado de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia (realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras herederas del régimen dictatorial anterior), el sistema democrático español es escasamente representativo, no sólo por estar basado en un proceso electoral muy poco proporcional (que se aleja mucho del principio de que cada ciudadano debiera tener la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país), sino también por el escasísimo espacio que se ofrece a la ciudadanía para participar en las decisiones públicas que afectan el bien común. La democracia queda limitada en España a votar cada cuatro años sin que se le ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de participar en referéndums vinculantes y otras formas de democracia directa que permitieran una mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos en el quehacer común. Es cierto que hay posibilidades de hacer referéndums a nivel del Estado central, pero no es ni fácil ni frecuente, como demuestra la escasez de referéndums que ha habido en España durante el periodo democrático. La única expresión de desaprobación que los representados tienen a su alcance es dejar de votar o votar por opciones distintas cada cuatro años. Ello es un indicador de lo enormemente limitada que es la democracia española.


Hemos estado viendo recientemente cómo partidos gobernantes (tanto a nivel central como autonómico) están aprobando medidas altamente impopulares, que no estaban incluidas en sus propuestas electorales, y que se están llevando a cabo supuestamente por mandato de los mercados financieros, a quienes nadie ha elegido. El 82% de la ciudadanía estaba en contra, por ejemplo, del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario, y así un largo etcétera, lo cual no fue un obstáculo para que la mayoría de las Cortes españolas aprobaran tales medidas. Una consecuencia de ello es la enorme distancia que se está creando entre representados y representantes, con la pérdida de legitimidad de los últimos. No es de extrañar que la clase política dominante esté considerada por la población como el tercer gran problema que tiene el país.
Y estamos a punto de ver otro caso en el que una decisión de enorme trascendencia (la reforma de la Constitución, para garantizar un límite al gasto público) se está proponiendo por la dirección de los dos partidos mayoritarios, medida que no estaba en el programa electoral de ninguno de ellos (y que afectará negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población). Y ello sin que se haya consultado al pueblo español, argumentándose, además, que el Estado –como ha dicho en varias ocasiones Rajoy (el dirigente político español que ha promocionado tal medida de limitación de gasto público con mayor frecuencia)– no puede vivir por encima de sus posibilidades. En realidad, España se gasta mucho menos en su sector público (del cual, el capítulo más grande es el del Estado del bienestar) de lo que debiera por su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15, mientas que el gasto público social por habitante (que incluye gasto en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios domiciliarios a personas con dependencia, en escuelas de infancia, en servicios sociales, en ayudas a las familias, en vivienda social, entre otros) es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94% (como debiera ser), nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del bienestar de lo que nos gastamos ahora.


El problema del sector público (del cual el mayor componente es el Estado del bienestar) no es que sea excesivo, sino que está poco desarrollado. España está a la cola de la Europa social (su gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15). Como resultado de ello, sólo uno de cada diez españoles adultos trabaja en los servicios públicos (primordialmente en los servicios públicos del Estado del bienestar). En Suecia, sin embargo, es uno de cada cuatro. Si en España fueran cuatro, se crearían casi cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo.
Y no nos engañemos. Lo que desean las fuerzas conservadoras, lideradas por Merkel y Sarkozy en la UE, y por Rajoy en España (y ahora por Zapatero), es salir de la crisis a base de reducir todavía más los ya escasamente financiados estados del bienestar de los países periféricos de la eurozona, incluyendo España. De ahí su propuesta de escribir en piedra (poniéndolo en la Constitución) la limitación del gasto público exigiendo una eliminación del déficit público. Su aplicación a España significaría un obstáculo para la corrección de su enorme déficit social. Exigir limitaciones de tal gasto (en un contexto de escaso crecimiento y de reducción de impuestos) no es sólo un suicidio económico (pues se pierde la oportunidad de estimular la economía), sino también una condena a mantener subfinanciado el Estado del bienestar español.


Los ingresos al Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando sólo un 34% del PIB (el promedio de la UE-15 es un 44%, y en Suecia un 54%) y ello resultado de una política fiscal sumamente regresiva que favorece enormemente a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo (en las que se incluye a la mayoría de la ciudadanía). De ahí el bajo gasto público, incluyendo el social. Querer frenar este gasto significa, en la práctica, congelar (por mucho que lo nieguen los que proponen tal medida) cualquier corrección de este enorme déficit.
De ahí que se necesite una movilización popular para que tal medida pueda ser confirmada o rechazada por la población española, de la cual deriva todo el poder del Estado. Es importante que a los representantes se les recuerde este principio básico de cualquier democracia.

P.D. Pueden firmar la petición impulsada por Vicenç Navarro, que pide un referéndum para ratificar la reforma, aquí.

Entrevista al profesor Navarro en La Voz de Galicia

Entrevista realizada por La Voz de Galicia al profesor Navarro, 25 de agosto de 2011

1.- ¿Por qué se opone a la reforma de la Constitución para limitar el déficit?
No me opongo a reformas de la Constitución. Pero una reforma de tal envergadura, que afectará, sin duda, negativamente la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía española, requiere una participación amplia de la población a través de un referéndum. Esta medida no es una medida menor. Es una medida semejante a la que el Partido Republicano de EEUU, controlado por la ultraderecha Tea Party, está proponiendo en el Congreso de EEUU. ES una medida que dificultará enormemente aumentar el gasto público social de España para corregir su enorme déficit. España es el país de la Unión Europea de los Quince que tiene el gasto público social por habitante más bajo. Este gasto es el que cubre las pensiones, la sanidad, la educación, los servicios domiciliarios a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, y otros. Institucionalizar esta medida en la Constitución es hacer prácticamente imposible que se corrija ese déficit que existe en España en relación al promedio de la UE-15.

2.- ¿Por qué que debería someterse a referendo si la Constitución no lo exige?
La democracia es mucho más que votar cada cuatro años. Una democracia exige que la ciudadanía participe en aquellas decisiones que afectarán su vida. La medida que se está proponiendo no estaba en ninguno de los programas electorales de los partidos que han hecho este pacto. De ahí que la única manera en que el pueblo español puede expresarse sobre esta medida es a través de un referéndum. No puede ser que el ciudadano que ha votado a un partido que luego lleva a cabo una política que no estaba en su programa sólo tenga como posibilidad de responder y expresar su desagrado hasta la próxima elección, donde pueda abstenerse o votar por un partido distinto. Esto es tener una concepción muy limitada de la democracia.

3.- ¿A quién favorece y a quién perjudica la reforma?
Esta media favorece a los grandes grupos empresariales, financieros y gran patronal, que siempre se han opuesto a que el Estado del Bienestar en España alcance el nivel de desarrollo que se merece por el nivel de riqueza que tiene. España se gasta muy poco en su  Estado del Bienestar. España no es un país pobre. El PIB per capita es ya el 94% del promedio de la UE-15. El gasto público social por habitante, sin embargo, es sólo el 72% del promedio de la UE-15. Si en lugar del 72% fuera 94% del promedio de la UE-15, nos gastaríamos 66.000 millones de euros más en nuestro Estado del Bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ello se debe primordialmente a que las grandes empresas, la banca, y las rentas superiores no están contribuyendo al Estado en la misma manera que sus homólogos en Europa lo están haciendo. O como la mayoría de ciudadanos ya están aportando, La mayoría de personas que trabajan y se les paga por nómina ya pagan unos impuestos semejantes a los que se pagan en el promedio de la Unión Europea. En cambio, la gente con grandes recursos paga muy poco al Estado. Y ello es consecuencia del enorme poder que las rentas superiores, la banca, y la gran patronal tienen sobre el Estado español, y de esto apenas se habla en los medios de información. Los sectores que salen perjudicados por esta propuesta son las clases populares, que utilizan los servicios del Estado del Bienestar. DE ahí la importancia de que se les consulte, porque el poder depende de la ciudadanía y de donde deriva el poder del Estado.

P.D. Pueden firmar la petición impulsada por Vicenç Navarro, que pide un referéndum para ratificar la reforma, aquí.

David Lizoain: El insoportable error del 0,4%

  http://lizoain.tumblr.com/post/9411564599/el-insoportable-error-del-0-4

La reforma de la constitución que se pretende hacer es un error tanto de forma como de fondo. Esta entrada pretende mostrar que limitar el déficit estructural del país al 0,4% mediante una ley orgánica también es una política radicalmente aberrante para una economía avanzada.

Este gráfico muestra el déficit estructural de los países del G-7 desde 1993 e incluye una proyección hasta el 2012.

Fuente: OECD

Como se puede ver, un déficit estructural superior al 0,4% es habitual. De hecho, en 20 años ni Francia, ni Italia, ni Japón han logrado un déficit inferior. Alemania, quien modificó su constitución al respecto, solo ha tenido un déficit estructural inferior al 0,4% un año de los últimos 20; los Estados Unidos lo ha tenido tres años, el Reino Unido cuatro, y Canadá destaca con doce años de un déficit estructural inferior al 0,4%. Logicamente, en 20 años, ni la zona euro ni el OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año. Una dato demoledor a este respecto.

Este gráfico muestra el déficit estructural de España durante los mismos años:

Fuente: OECD

España, por su parte, ya superó ese objetivo cinco veces en 20 años, batiendo a todos los países del G-7 salvo Canadá. Por lo tanto, pretender que España fije un limite de gasto para generar confianza es totalmente incoherente. Además, quien se preocupa por la carga de la deuda se acordará que la carga depende de otros factores relevantes, como el crecimiento del país y los tipos de interes.

El concepto del déficit estructural por si mismo tiene poco sentido macroeconomico, señala Nick Rowe, y abre la puerta al malabarismo contable. Un limite de 0,4% es arbitrario a la vez que dinamita la política fiscal, como explica Josep Borrell. La experiencia de las economías avanzadas muestra que es un objetivo irreal y contraproducente. 

Los actores implicados (gobierno y principal partido de la oposición) en esta reforma tan insensata se acabarán arrepintiendo de ella.

P.D. Pueden firmar la petición impulsada por Vicenç Navarro, que pide un referéndum para ratificar la reforma, aquí.

 

 

 

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución: acción promovida por Vicenç Navarro

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.

El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

Para más información: http://www.vnavarro.org/ 

AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA

DESTINATARIO: TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO Y DEL SENADO

Señorías,

El Presidente ha anunciado su intención de promover la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público.

Se trata de una modificación que de acuerdo con la Constitución Española no exige necesariamente la celebración de un referéndum vinculante.

Este asunto es de tal importancia y va a ser tan determinante para nuestro futuro que le pido que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum para su ratificación tal y como recoge el artículo 167.3 de la Constitución Española.

Atentamente,