Día: 11 abril, 2012
Altea: Miguel ORTIZ Sigue utilizando a los empleados públicos como armas arrojadizas contra el PSOE.
EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES, EL GOBIERNO DEL PP-CIPAL HOY TENDRÍA QUE HABER ANUNCIADO EL RECURSO INMEDIATO DE LA SENTENCIA
En relación a la nota de prensa emitida por el concejal del área económica, D. Pedro Barber, en la que hace valoración de la sentencia dictada por el tribunal contencioso-administrativo de Alicante en relación al proceso selectivo convocado para cubrir 21 plazas de auxiliar administrativo que estaban ocupadas interinamente, en algunos casos, desde hacia más de diez años, lo primero que hay que decir es que el PSPV-PSOE siempre ha actuado bajo la supervisión de los técnicos municipales y del Secretário General del Ayuntamiento, funcionario de carrera con habilitación nacional.
Siempre se ha contado con informes contundentes que avalaban los acuerdos adoptados por el Gobierno del PSPV-PSOE. Estos informes separan claramente las competencias del Pleno municipal y de la Alcaldía enumerando entre las del Alcalde la de aprobar las bases de las convocatorias para la selección de personal, cuestión sobre la que trata la sentencia. Pero los informes van más allá y dicen que el acuerdo del Pleno, adoptado por el PP y CIPAL, “incurre indubitadamente en causa de invalidez al haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente y de entre estas en las calificadas como de nulidad absoluta, más aun habiéndose recabado informe del Asesor Legal del Pleno, que se pronunció “in voce” en el sentido del presente informe”.
Es por lo que, en circunstancias normales, lo que tendría que haber hecho hoy un equipo de gobierno decente es anunciar la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra esta sentencia totalmente anómala y que presenta numerosos errores.
Utilización política de los empleados municipales.
El PP y CIPAL, a lo largo de todo el proceso, solo han pensado en sacar rédito político de las circunstancias de precariedad de los empleados municipales. Primero boicoteando un proceso selectivo en el que todos los ciudadanos tuviesen las mismas posibilidades de acceso a la función pública mediante unas pruebas justas. Después, despreciando públicamente a los funcionarios que aprobaron limpiamente los exámenes. Y por último, haciendo dejación de su obligación como Gobierno, dejando en la indefensión más absoluta no sólo a los funcionarios sino al conjunto de Altea ya que las consecuencias económicas son evitables recurriendo la sentencia, en plazo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Por todo lo dicho el Grupo Municipal Socialista exige al equipo de Gobierno del PP- CIPAL que dejen de pensar que todo vale con tal de ganar un puñado de votos y pongan los servicios jurídicos del Ayuntamiento a trabajar en lo que es lo más conveniente para el conjunto de los alteanos y alteanas que no es otra cosa que recurrir la sentencia ante el TSJ CV.