Altea: Partido Socialista País Valencia: con la decisión de no recurrir la sentencia, el gobierno del PP-CIPAL opta por pagar más de 600.000 euros y recuperar el enchufismo.

 El Grupo Municipal Socialista manifestó, a lo largo del Pleno Extraordinario celebrado ayer en Altea, su total rechazo a la actitud prepotente y sectaria mostrada por el equipo de gobierno de Miguel Ortiz y Carolina Punset. Desde el primer momento calificaron el Pleno de “farsa para tratar de justificar que prefieran el enchufe como método de selección de personal”.

Estas declaraciones se hacen tras reconocer el Alcalde que el Pleno no tiene competencias en el asunto tratado ya que estas competencias pertenecen en exclusiva a la Alcaldía y por convocarse el día que el Secretario General del Ayuntamiento, redactor del informe que sirvió de base para la actuación del anterior gobierno socialista, se encontraba de días libres y por lo tanto no podía dar su opinión al Pleno. Para los socialistas “no es casualidad que pudiendo convocar el pleno cualquier día de las ultimas tres semanas, Ortiz y Punset lo convoquen justamente el día que no estaba presente el máximo asesor legar municipal y técnico fundamental en este asunto ya que  sus informes sirvieron de base para el acuerdo que la sentencia declara nulo.”

Siempre se ha contado con informes contundentes del Secretario General municipal que avalaban los acuerdos adoptados por el Gobierno del PSPV-PSOE. Estos informes separan claramente las competencias del Pleno municipal y de la Alcaldía enumerando entre las del Alcalde la de aprobar las bases de las convocatorias para la selección de personal, cuestión sobre la que trata la sentencia. Pero los informes van más allá y dicen que el acuerdo del Pleno, adoptado por el PP y CIPAL, “incurre indubitadamente en causa de invalidez al haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente y de entre estas en las calificadas como de nulidad absoluta, más aun habiéndose recabado informe del Asesor Legal del Pleno, que se pronunció “in voce” en el sentido del presente informe”.

Consecuencias económicas
Miguel Ortiz anunció que las indemnizaciones, en caso de no recurrirse, ascendían a más de seis cientos mil euros, pero que si se recurría al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ( TSJ CV ) y se ganaba no habría que hacer frente a ninguna indemnización. Por lo que no tiene ningún sentido que el PP y CIPAL no hayan recurrido la sentencia.

Es por lo que para evitar el pago de estas indemnizaciones, el Grupo Socialista instó en repetidas ocasiones al Alcalde a que haga uso de sus competencias exclusivas y presente un recurso ante el TSJ CV contra esta sentencia totalmente anómala y que presenta numerosos errores.

Enchufismo frente a examenes.
Al final de toda esta farsa ideada por el PP y CIPAL, lo que quedó claro en el Pleno es que han decidido volver a utilizar el Ayuntamiento de Altea para enchufar a gente al módico coste de más de 600.000 euros en lugar de recurrir y defender unas oposiciones libres a las que se presentaron más de mil personas en igualdad de oportunidades y en las que predominaron los criterios de capacidad, eficiencia y eficacia en la función publica.

Ante esta serie de situaciones anómalas, irregulares y por no querer participar de la farsa en la que se convirtió el Pleno, el Grupo Municipal Socialista decidió participar en el debate pero no en la votación. En defensa del interés general, de los ciudadanos de Altea y del destino que se le dan a sus impuestos, nos manifestamos claramente a favor del recurso pero no emitimos ningún voto al ser éste competencia exclusiva del Sr Ortiz.

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