El asunto dura ya cuatro años, pero el Partido del Congreso (centro-izquierda), en el poder en Nueva Delhi, repentinamente decidió acelerar el paso. Miércoles, 03 de julio 2013, el gobierno indio aprobó una ordenanza que prevé extender hasta el 67% de la población – 800 millones de personas – un dispositivo de seguridad alimentaria ya existente en menor proporción.
India cuenta con cientos de millones de personas mal alimentadas, con graves consecuencias en términos de salud, desarrollo y educación.
Querido para Sonia Gandhi, presidenta del Partido del Congreso, que se “pone” como conciencia social de este movimiento, el programa asignara cada mes y cada familia – de acuerdo a los ingresos del hogar – de 15 kg a 35 kg de arroz, trigo y mijo a precios subvencionados. Las tres cuartas partes de la población rural y la mitad de la población urbana se verán afectados por este ambicioso plan de solidaridad, que oportunamente, cae cuando el país entra en campaña pre-electoral.
Los indios votarán en la primavera de 2014 para la renovación de la Asamblea Nacional, pero la hipótesis de una convocatoria de elecciones anticipadas pone nerviosa la escena política. La exhumación súbita de este proyecto de ley sobre seguridad alimentaria, atrapado en las arenas parlamentarias durante cuatro años – era una promesa solemne del Partido del Congreso durante la campaña 2009 – sólo ha propagado el rumor de una posible aceleración del calendario.
«Truco político precipitado»
Desacreditado por la desaceleración de la economía – la tasa de crecimiento se redujo a alrededor de 5% – y la proliferación de escándalos de corrupción, el Partido del Congreso halaga ostensiblemente el electorado para mejorar su imagen. La oposición Bharatiya Janata Party (BJP, derecha nacionalista hindú) se ha apresurado a denunciar el reciente anuncio del gobierno «un truco político precipitado».
La idea de fortalecer la seguridad alimentaria se ha vuelto más apremiante desde mediados de la década de 2000, mientras muchos estudios demostraban que el nivel de desnutrición en la India seguía siendo elevado a pesar del progreso económico del país. En 2012, un estudio realizado por la Fundación Naandi había creado una sensación desvelando un 42% de niños menores de 5 años que tenían un peso bajo y un 59% de personas que sufrían retrasos “moderados o grave” en el crecimiento. El primer ministro Manmohan Singh había descrito las cifras como «vergüenza nacional».
Si bien esta proporción se redujo con el tiempo, la India es mucho más lenta en el ritmo de mejorar sus indicadores de salud que los países con trayectoria económica comparable, como China. Es importante destacar que, parece ser mucho peor que el África subsahariana, donde el nivel de malnutrición entre los niños es inferior a un tercio o la mitad, según el Banco Mundial.
La orden del Gobierno, si acelera el proceso, no puede prescindir de la ratificación por el Parlamento, que promete un acalorado debate. En el ambiente pre-electoral, la oposición no se atreve a atacar el programa en el fondo – prefiriendo denunciar el método -, pero hay voces entre los economistas liberales y la comunidad empresarial para preocuparse por la factura en términos de déficit presupuestario, condenado a crecer.
Aproximadamente $ 20 mil millones del plan
Según diversas estimaciones que circulan en la prensa, el Estado va a pagar por este plan unos 20 000 millones de dólares (15500 millones €), un aumento de un tercio en comparación con el sistema actual.
En su lado izquierdo, el Partido del Congreso es bastante criticado por haber suavizado una versión original más audaz. Por su parte, los expertos piden renovar totalmente un sistema que ya ha demostrado ser ineficaz debido al caos que proporciona. Entre la adquisición por parte del Estado de los productos a los agricultores – a precios subvencionados – y el acceso de los consumidores a estos productos baratos se ha creado una cadena de intermediarios que ha pervertido el sistema.
De acuerdo con un artículo de Kirit Parikh publicado el 16 de marzo en el Weekly Economic and Political Weekly, sólo el 10% de la cuantía de las subvenciones gubernamentales han de verdad beneficiado a los más pobres. La diferencia se repartió así: 19% fueron captados por grupos sociales cualificados como grupos de «no pobres», el 28% financio los gastos de funcionamiento del sistema y el 43% fueron desviados.
El gobierno tendrá atacarse imperativamente a estas rentas confiscadas por parte de un verdadero complejo de intereses creados si quiere realmente mejorar la vida cotidiana de los desposeídos del crecimiento de la India.
fuente Le Monde traducción Alteatequieroverde
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